El artículo 25 de la carta política de Colombia decreta: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.
Según el CINEP (Centro de investigación y educación popular) y el CERAC (Monitor de violencia política en Colombia) en el corte de cuentas presentado hasta ahora de los 6 puntos del acuerdo, emiten que aún no se ha contemplado la adquisición de las tierras programadas para proyectos productivos y la implementación de los que son pensados a largo plazo aun no presenta avances según el informe.
El estado debe velar por la satisfacción de las necesidades básicas de sus habitantes, en el marco del modelo económico y político en el que se gesta su estructura (En el caso colombiano hablamos del modelo Neoliberal)